Existen numerosas razones para evaluar e intervenir en los conflictos escolares. Entre ellas destacar que, al menos, uno de cada cuatro alumnos muestra algún tipo de conducta disocial durante sus años de escolarización. Problemas que, aunque en muchos casos no son serios ni crónicos, sí afectan a los resultados académicos y al desarrollo social y personal del estudiante; además, también pueden asociar efectos a medio y largo plazo que dificultan las relaciones sociales futuras e incluso laborales.
El último Informe del defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar en Adolescentes (AA.VV., 2007) puso de manifiesto que la incidencia de este problema seguía siendo muy elevada, incluso después de haberse implantado la normativa de convivencia, con carácter general, en todos los centros escolares.
Una de las dificultades para la intervención es que se trata de un fenómeno oculto, que pasa desapercibido para gran parte de la comunidad escolar. La experiencia nos confirma que, en la mayoría de los casos, cuando se viene a tener conocimiento del problema, las conductas de acoso y victimización están muy arraigadas, y aunque se adoptan medidas correctoras, estas suelen ser puntuales, centradas, casi exclusivamente, en los protagonistas principales, y los resultados son muy limitados. Todas estas circunstancias hacen evidente la necesidad de reflexionar sobre la realidad social y afectiva de los centros escolares y plantear estrategias de evaluación e intervención que impliquen a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado.

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